¿Qué pasa ahora? El incierto futuro de los migrantes venezolanos acaba de volverse aún más incierto

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Marzo 2026

Cuando Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero de este año, muchos venezolanos reportaron haber dado un gran suspiro de alivio. Inmediatamente después, muchos comenzaron a preguntar: “¿Qué pasa ahora?”. El presidente Trump ofreció una respuesta tajante: “Esencialmente, vamos a dirigir el país”. Rápidamente consolidó para Estados Unidos el control del petróleo venezolano y mantuvo en sus cargos a funcionarios políticos leales al régimen de Maduro, garantizando así su colaboración.

Trump le encargó al secretario de estado Marco Rubio aclarar sus palabras e implementar un plan de tres fases. La primera fase consistía en impedir la emigración de venezolanos, así como su inmigración a los EE.UU., así como el caos o la violencia. Presuntamente, esto ya se ha logrado. La fase actual se centra en la “recuperación”, enfocada en recuperar la industria petrolera. La última fase es la de una transición a la democracia: “A largo plazo, nuestra intención es que Venezuela tenga un gobierno democráticamente elegido”.

A dos meses de estos sucesos, los venezolanos continúan viviendo en una gran incertidumbre sobre su futuro. Les inquieta cuánto durará ese “largo plazo”, cuánto tiempo tomará restablecer el Estado de derecho y los derechos constitucionales, y recuperar las instituciones. También les preocupa cuánto tardarán las rentas petroleras—actualmente bajo control de Estados Unidos—en traducirse en una mejora real en la vida cotidiana de la mayoría, muchos de los cuales hoy viven en la pobreza.

Desde esta perspectiva, para el presidente Trump “esencialmente dirigir” el país parecería significar nombrarse a sí mismo un “terrateniente ausente” y dictar órdenes desde Mar-a-Lago. También implicaría designar a un capataz eficaz asociado al viejo régimen: alguien que ejecutara su agenda económica extractivista y sofocara cualquier malestar capaz de perturbar sus planes. En este esquema, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, fue nombrada la encargada de esa función. A cambio de su colaboración, ella y su círculo más cercano podrían evitar un desenlace similar al de Maduro y conservar cuotas de poder por un período incierto. Trump, a su vez, podría ofrecer a potenciales inversionistas en petróleo y minerales un “entorno empresarial seguro” y evitar una ocupación políticamente costosa: un escenario presentado como mutuamente beneficioso.

Cómo responderá este nuevo régimen conjunto a las necesidades y aspiraciones de millones de venezolanos en el extranjero sigue siendo una incógnita. Este esquema de gobierno gestionado por Estados Unidos ofrece pocos precedentes comparables. Está usando Venezuela, para ensayarlo en tiempo real. Con esas limitaciones, algunas pistas pueden encontrarse en la forma en que cada gobierno ha tratado el éxodo en momentos clave; y como este se está desarrollando actualmente desarrollos que ya están en curso. En un texto aparte ofrezco un relato más detallado de ese trasfondo.

El chavismo ha abordado a su diáspora con una mezcla políticamente calibrada de medidas punitivas, negligencia deliberada y bienvenidas ocasionales. Hay pocas razones para pensar que esa fórmula cambie de manera sustantiva. Los venezolanos en el extranjero, especialmente quienes se establecieron en Estados Unidos, constituyen uno de los segmentos más activos y visibles de la oposición chavista.

Por su parte, las respuestas del gobierno estadounidense han variado a medida que han ido cambiaban tanto el perfil socioeconómico de los migrantes venezolanos como el clima político interno sobre quién puede inmigrar y cuántos inmigrantes pueden entrar al país. Los primeros en llegar (entre 2005 y 2015 aproximadamente) se beneficiaron de políticas relativamente generosas y de un entorno más acogedor. Tenían más probabilidades de llegar en avión, contar con visa y disponer de ahorros en dólares. Un porcentaje importante estaba altamente educado, dominaba el inglés y se insertó como profesional o empresario de clase media alta. La mayoría podía ser percibida como racialmente “blanca”; muchos tenían doble nacionalidad y acceso a pasaportes europeos. Es poco probable que muchos de ellos regresen. Además, apoyaron a Trump en números significativos y, hasta hace poco, asumían que su futuro, y su imagen, en Estados Unidos estaba relativamente asegurado.

Olas posteriores encontraron barreras de entrada cada vez más duras y menos oportunidades para ganarse la vida. En promedio, seguían ubicándose por encima de otros grupos migrantes en niveles educativos, pero tenían menos probabilidades de hablar inglés y más de llegar en condiciones de pobreza. La última ola, que se consolida alrededor de 2019, incluye a quienes arribaron desde otros países latinoamericanos y desde las regiones más empobrecidas de Venezuela. Muchos viajaron por tierra, no tenían acceso a visa y fueron rápidamente marcados como “menos blancos”. Una gran cantidad se aglomeró en la frontera entre México y Estados Unidos, aumentando las cifras de venezolanos indocumentados y solicitantes de asilo. Pocos consideraban el retorno una opción viable, y la mayoría aún no lo considera.

Esta última ola contribuyó a un giro particularmente duro y restrictivo tanto en la política migratoria de los EE. UU., como en las actitudes de las personas hacia estos nuevos inmigrantes. La percepción generalizada pasó de considerar a los venezolanos como “gente estupenda” a “extranjeros criminales” entre el primer mandato de Trump y el actual. Incluso algunos venezolanos comenzaron a repetir los tópicos antiinmigrantes de Trump y a ver a los recién llegados como menos merecedores. Es posible que algunos de estos venezolanos hoy se arrepientan.

Tras la primera administración Trump, el presidente Biden tuvo que caminar por una cuerda floja en términos de su política migratoria. Por un lado, mantener la postura tradicionalmente más favorable a la inmigración dentro de su partido; por otro, un electorado cada vez más desencantado por la gran acumulación de personas en la frontera. Biden creó una designación de TPS (Estatus de Protección Temporal) para casi 250.000 venezolanos, cifra que luego creció a más de 600.000, y otorgó parole humanitario a más de 17.000. Al mismo tiempo, sin embargo, mantuvo la política asociada al Título 42 que instauró Trump durante la pandemia, la que obligó a solicitantes de asilo —incluidos venezolanos— a esperar en México. Además, terminó su mandato sin renovar el parole humanitario, dejando a cientos de miles con pocas alternativas más allá de poder aplicar a un proceso de asilo con resultados inciertos.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha buscado revertir las políticas más liberales de Biden y concentrarse en una implementación restrictiva de la ley migratoria. Canceló el TPS, emitió prohibiciones de viaje, pausó el procesamiento de asilo y deportó a miles; muchos a terceros países. Algunos detenidos quedaron incomunicados en centros remotos y se les impidió comunicarse con familiares y abogados. Los tribunales federales han fallado con frecuencia contra estas medidas, aunque la actual Corte Suprema, más receptiva a la agenda de Trump, ha revertido varias decisiones de las cortes inferiores.

Quienes escaparon de un régimen venezolano cada vez más autoritario y corrupto enfrentan hoy una decisión poco envidiable: regresar a un país donde, para la mayoría, relativamente poco ha cambiado; o permanecer en otro cuyo gobierno exhibe rasgos autoritarios similares y busca que se vayan. El futuro de todos los venezolanos —incluidos los migrantes— se vuelve aún más incierto bajo este inédito arreglo Trump–Delcy.

¿Qué escenarios son probables a partir de aquí? Trump se mantiene firme en acelerar la expulsión y retorno de migrantes venezolanos y frenar futuros flujos hacia Estados Unidos, para lo cual espera la colaboración de Delcy. Quienes tienen TPS o paroles humanitarios vencidos, junto con muchos solicitantes de asilo, corren el mayor riesgo de deportación. En conjunto, quienes están en procesos de asilo, más quienes poseen TPS vencido y parole humanitario, superan la mitad de la población inmigrante venezolana actual en Estados Unidos. En su esfuerzo por no caer en la ilegalidad, muchos han quedado registrados en sistemas formales; con el acceso ampliado de ICE a bases de datos gubernamentales, volviéndose así más vulnerables a acciones de control y deportación. El panorama es especialmente sombrío para los cientos de miles de venezolanos desplazados: quienes están en tránsito o quienes fueron obligados a permanecer en México mientras solicitan asilo.

Delcy probablemente no está muy entusiasmada con el retorno de millones de migrantes probablemente opuestos a su régimen, ni con la llegada de venezolanos pobres a quienes el Estado no puede sostener. Pero su margen de maniobra podría ser limitado. Acontecimientos muy recientes ha hecho que Rubio tenga que “resolver” el caso venezolano de manera urgente, al tiempo que Trump cambia su enfoque a nuevas prioridades globales. Por lo pronto, Estados Unidos y Venezuela han restablecido relaciones diplomáticas, lo que podría facilitar—o restringir— el movimiento de personas y capital. El calendario electoral en los EE. UU. se acorta, y Delcy ha sido reconocida formalmente por Trump como “presidenta” “electa” de Venezuela.

Bajo la presidencia de Delcy es probable que los migrantes sean tratados con la misma mezcla de negligencia, apoyo mínimo y medidas punitivas. El retorno de migrantes estigmatizados, sumado a la competencia por recursos administrados por los Estados Unidos, podría empujar al régimen a limitar la asistencia a quienes regresen y a quienes queden varados en tránsito o en terceros países. El hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya señaló que una nueva ley de amnistía no se aplicará a venezolanos que hayan solicitado TPS o asilo político bajo “argumentos falsos” de haber sido perseguidos por el régimen de Maduro. “Prevenir” futuras emigraciones sin considerar los mismos factores, ahora incluso más intensos, que detonaron el éxodo es un sinsentido. Hoy, miles de venezolanos en comunidades mineras, indígenas, costeras y fronterizas enfrentan crisis ambientales severas que no aparecen abordadas en ninguna parte del plan de tres fases de Rubio.

Es altamente probable que el gobierno estadounidense mantenga su política hacia Venezuela, independientemente de quién gane futuras elecciones en Estados Unidos o Venezuela; si es que las hay. Nuevas visas ya se estarían reservando para personas con altas calificaciones, inversionistas adinerados y refugiados blancos. Los demócratas podrían reintroducir algo de humanidad en el discurso migratorio, pero la puerta, muy posiblemente, seguirá cerrada para la mayoría. La era de la migración masiva iniciada en la década de 1960 parece estar replegándose, y Estados Unidos ya no es necesariamente el destino preferente para muchos. No incluyendo España, pocos países siguen aún ofreciendo una cálida bienvenida a los migrantes venezolanos. Lo que sí sabemos es que, pese a su limitado poder y recursos, los venezolanos seguirán migrando, como lo han hecho siempre los seres humanos pese a toda restricción, cuando sientan que es necesario emigrar para proteger sus vidas, sus medios de vida y sus familias. Por eso, la declaración de Rubio de que ya se logró la primera fase de “impedir la migración” parece ser, como mínimo, prematura.

Nota: La Dra. Lourdes Gouveia es la directora fundadora de la Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos y Profesora Emérita de Sociología en la Universidad de Nebraska en Omaha. Ha publicado varios artículos académicos y capítulos de libro sobre la migración venezolana en las Américas, así como informes de investigación comunitaria sobre la comunidad latina en Nebraska.